12. La corrupción cuesta vidas

Bogotá, 19 de agosto de 2026.

El lavado de activos suele analizarse desde la frialdad de las cifras, las regulaciones bancarias y las estructuras financieras complejas. Sin embargo, su impacto real no se mide en balances contables, sino en vidas humanas. Cada peso blanqueado por la corrupción y el crimen organizado es un recurso menos para la salud, la alimentación infantil o la seguridad de las comunidades más vulnerables.

Como advierte Sergio Reyes Díaz, magister en comunicación digital, consultor senior en prevención del LA/FT y C/ST, y Exdirector de Infolaft Academy, la lucha contra el dinero ilícito no es un simple trámite corporativo, sino una trinchera fundamental para la defensa de los Derechos Humanos. De cara a la próxima evaluación del GAFILAT, Colombia enfrenta el reto de demostrar que su sistema antilavado funciona no solo para llenar requisitos en el papel, sino para proteger la dignidad, la integridad y la vida de los ciudadanos.

UIAF: ¿Cómo está el panorama en Colombia de la lucha contra el lavado de activos?

SR: El panorama actual es retador. Esto se debe a que en el año 2028, aproximadamente, Colombia va a ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este organismo regional tipo GAFI va a venir y básicamente va a revisar tanto el cumplimiento técnico de las autoridades y de los sujetos obligados de Colombia en términos de implementación de normativas, controles y sistemas para prevenir y gestionar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, como también la efectividad de esos sistemas. En esta nueva ronda, la efectividad va a ser un factor determinante, mucho más de lo que ya lo fue en rondas anteriores. De manera que ese es el foco principal para los próximos años y en eso deberían concentrarse las autoridades del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

UIAF: ¿Y cuáles cree que son las áreas del conocimiento de esta misma lucha que deberían fortalecerse en el país?

SR: Yo diría que son varias:

• De cara a los sujetos obligados: Se requiere una mayor interacción, retroalimentación y capacitación, tanto desde las diferentes superintendencias que emiten normas en esta materia, como por parte de la UIAF y de autoridades como la Secretaría de Transparencia. Es clave que haya una retroalimentación más frecuente y directa con los sujetos obligados, y que continúen abriéndose espacios de capacitación y formación para oficiales de cumplimiento.
• Proceso de detección: Autoridades como la UIAF deben reforzarse en presupuesto y en personal cualificado. De la misma manera, en las superintendencias se deben constituir áreas independientes encargadas de supervisar el cumplimiento de estos sistemas, asignar mayor recurso humano y capacidades tecnológicas (como la inteligencia artificial) para abarcar la supervisión de forma más efectiva.
• Administración de justicia: Hay un reto gigante en esta materia. Los procesos judiciales por lavado de activos toman años, sino décadas en muchos casos. Esa demora en el juzgamiento de este tipo penal atenta contra el esfuerzo que hacen los sujetos obligados para reportar oportunamente las operaciones sospechosas, atenta contra el esfuerzo de la UIAF para producir informes adecuados hacia la Fiscalía General de la Nación con análisis y datos, y dificulta desincentivar estos actos ilícitos ante estructuras que ven que los procesos son demorados y no hay un castigo oportuno.

UIAF: También es importante entender con más claridad la relación de la lucha contra el lavado de activos y los derechos humanos, ¿cómo lo ve usted? 

SR: En diferentes escenarios y foros se ha mencionado que la corrupción quita vidas; atenta contra la vida porque, en muchas ocasiones, los recursos aprovisionados o desviados por funcionarios o empresarios corruptos terminan por desfinanciar programas de alimentación para las poblaciones más vulnerables, particularmente niños y adultos mayores.

De la misma manera, la corrupción genera focos de inseguridad que derivan en homicidios y altos índices de criminalidad en distintas zonas del territorio nacional. Luchar contra el lavado de activos y contra sus 65 delitos fuente es, indudablemente, un aporte sustancial para la defensa de los derechos humanos. Esta lucha no debe verse de ninguna manera como algo aislado a la protección del trabajo, la salud, la vida, la integridad y la dignidad de las personas.

UIAF: ¿Cómo siente que está Colombia en materia de inteligencia financiera de cara al ecosistema global?

SR: Hay un reto importante que ya inició: retomar el canal activo de intercambio de información con el Grupo Egmont. Ese camino ya se inició, hay que concretarlo y materializarlo con un retorno pleno y efectivo a esa red que reúne a las UIF de todo el mundo.

También es importante dotar de capacidades a la UIAF para que su personal pueda producir informes de inteligencia cada vez más profundos y completos. Y, por supuesto, hay un mensaje fundamental para las autoridades: garantizar a los sujetos reportantes la confidencialidad de sus reportes. Un oficial de cumplimiento que envía un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) debe tener la tranquilidad de que ese informe goza de total reserva y no se convertirá en un motivo de persecución.

La misma garantía debe darse desde la Fiscalía General de la Nación, evitando que ocurra lo que en otros casos ha pasado, donde esta información termina filtrándose a la prensa en procesos judiciales mediáticos.

UIAF: El GAFI ha puesto un énfasis central en la efectividad (resultados inmediatos por encima del simple cumplimiento normativo formal), desde la perspectiva académica, ¿qué indicadores cuantitativos o cualitativos demuestran realmente que un país está desmantelando economías ilícitas y no solo llenando requisitos?

SR: Inicialmente, el número de condenas. Pero no vistas solo desde un punto de vista cuantitativo o estadístico; no importan tanto las condenas en cantidad, sino las condenas en calidad. En Colombia, la mayoría de condenas por lavado de activos se concentran en los eslabones más bajos de la cadena (por ejemplo, personas capturadas transportando dinero en efectivo), quienes, al no demostrar el origen lícito, terminan procesadas.

Sin embargo, los líderes de las estructuras criminales muy pocas veces son procesados. Si se afecta a las cabezas de la estructura criminal, se genera un impacto mucho mayor que si solo se merma la capacidad operativa de personas incautas que prestan su nombre o titularizan bienes.

Otros indicadores clave son:

• La calidad de los ROS: Que los sujetos obligados entreguen reportes oportunos, completos y con verdadero contexto de operación sospechosa, no solo coincidencias en bases de datos públicas.
• Procesos de supervisión con enfoque basado en riesgo: Demostrar que las superintendencias (Superfinanciera, Supersolidaria, Supersalud, Supersociedades) aplican planes de supervisión enfocados en los sectores con mayor exposición al riesgo.
• Efectividad en procesos sancionatorios: Mostrar que los procesos administrativos generan conciencia frente a estas amenazas.
• Articulación e intercooperación institucional: Ninguna entidad por sí sola puede desmantelar estas redes. La confianza, la coordinación y el flujo rápido de información entre instituciones es fundamental, sin protagonismos ni egos desmedidos.

UIAF: ¿De qué manera cree que la academia o la industria pueden retroalimentar los algoritmos, modelos de tipologías y análisis estratégicos para reforzar el trabajo de las entidades de inteligencia financiera?

SR: En Colombia existen académicos muy respetados y firmas de consultoría rigurosas. Esos dos actores pueden dar un feedback adecuado a la UIAF y a los investigadores a partir de lo que observan en el mercado. Quienes ejercemos como oficiales de cumplimiento externos conocemos el giro ordinario de negocios de diversas industrias y detectamos patrones de riesgo, dónde trabajar e incluso qué sectores deberían desregularse.

Como señalaba Tamara Agnic (exdirectora de la UAF de Chile), ampliar el número de sujetos obligados sin una estrategia clara termina por contaminar la información que llega a las autoridades. En Colombia se ha venido incrementando la cantidad de sujetos obligados, pero si tuviésemos menos sujetos obligados, mejor preparados y enfocados, seríamos muchísimo más efectivos.