6. Desvío de combustibles en Colombia: El índice integral de riesgo que prioriza controles en estaciones de servicio
Bogotá, 19 de agosto de 2026.
Por: Analista Código 333. Subdirección de Analítica (SAN)
El desvío de combustibles hacia actividades ilícitas constituye uno de los principales desafíos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Diversas investigaciones periodísticas y judiciales han evidenciado que las estaciones de servicio son utilizadas como eslabones legales para abastecer de gasolina a laboratorios de procesamiento de cocaína y a redes de transporte ilegal, generando millonarias pérdidas fiscales y graves impactos ambientales.
El presente artículo propone el Índice Integral de Riesgo de Desvío de Combustible (IRICON), una metodología cuantitativa que integra variables geográficas —como la cercanía a cultivos de coca y a ríos navegables— con variables operativas —como volúmenes de compra y venta de combustible— para clasificar estaciones de servicio según su nivel de riesgo. A partir de la combinación del IRICON con indicadores municipales de consumo per cápita, se identifican 147 estaciones con alta probabilidad de estar involucradas en el desvío de gasolina hacia la producción de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 33 municipios de 7 departamentos: Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander y Valle del Cauca. Los resultados permiten priorizar inspecciones focalizadas y refuerzan la capacidad del Estado para desmantelar la infraestructura logística del narcotráfico.
La metodología integra cuatro etapas: (1) georreferenciación y filtro por proximidad a cultivos de coca y cuerpos fluviales; (2) cálculo del IRICON mediante variables geográficas y operativas normalizadas; (3) medición del consumo de combustible por cada 1.000 habitantes (CP) en el nivel municipal; y (4) selección de establecimientos con niveles Alto y Muy Alto en ambas métricas.
Gasolineras e industria de cocaína
La industria de la cocaína en Colombia consume aproximadamente una cuarta parte de toda la gasolina que se vende en el país (elDiario.es, 2019). Este consumo se explica porque se requieren grandes cantidades de combustible para operar las lanchas rápidas y los laboratorios clandestinos donde se procesa la cocaína. Este desvío masivo le cuesta al Estado colombiano alrededor de USD 1.300 millones anuales en impuestos no recaudados, dado que el combustible es adquirido legalmente o adulterado para evadir los gravámenes.
Las redes criminales emplean las denominadas "pimpinas" (bidones de plástico) como unidad de medida del mercado negro, comprando o robando gasolina para abastecer todos los eslabones de la cadena del narcotráfico: desde el transporte de hoja de coca hasta el funcionamiento de los laboratorios en zonas remotas. Se estima que para producir 1 kg de cocaína se necesitan unos 76 litros de gasolina; con una producción potencial de 1.228 toneladas en 2020, el consumo de combustible por parte de este negocio ilegal es de escala industrial (InsightCrime, 2019).
Las gasolineras complacientes ofrecen a los grupos criminales un suministro constante, fiable y discreto, utilizando métodos como la venta subrepticia —combustible despachado de noche fuera de las instalaciones— y el contrabando de combustibles entre regiones de diferente precio subsidiado. En septiembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) investigaron 33 estaciones en Nariño, Putumayo y Cauca por reportar ventas de hasta un millón de galones anuales, un volumen físicamente imposible para su ubicación y capacidad (El Universal, 2019). Más recientemente, en febrero de 2025, el Gobierno colombiano ordenó el cierre definitivo de 48 gasolineras en Norte de Santander por su participación directa en el desvío de gasolina para la producción de cocaína (Diario El Cambio, 2025).
Ante esta problemática, para la UIAF resulta fundamental contar con herramientas técnicas que permitan priorizar la acción estatal sobre los puntos de suministro con mayor riesgo. La articulación entre datos geográficos, fiscales y operativos ha demostrado ser el camino más efectivo para detectar estas redes (Fiscalía General de la Nación, 2019). De allí, surgió la investigación con énfasis en el análisis financiero que permitiera identificar estaciones de combustible que posiblemente estuviesen siendo utilizadas por productores de clorhidrato de cocaína.
El combustible del narcotráfico y los sistemas de información
El desvío de combustible hacia actividades ilícitas constituye una manifestación de las economías criminales que se insertan en sectores legales de la economía. Autores como Thoumi (2002) y Gutiérrez Sanín (2019) han analizado cómo el narcotráfico en Colombia ha logrado capturar e infiltrar eslabones de la cadena de suministro de bienes lícitos, aprovechando su infraestructura para fines ilegales. En este contexto, la gasolina se convierte en un insumo crítico: se requiere en grandes volúmenes para el procesamiento de la hoja de coca en laboratorios clandestinos y para el transporte fluvial y terrestre de precursores y droga. El desvío implica no solo una pérdida tributaria significativa, sino también una distorsión de los mercados formales y la generación de externalidades ambientales graves.
El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la lucha contra el narcotráfico ha sido ampliamente documentado (Chainey & Ratcliffe, 2005). La georreferenciación de estaciones de servicio, cultivos de coca y redes fluviales permite identificar patrones de proximidad que sugieren relaciones funcionales entre la infraestructura legal y las operaciones ilegales. Los conceptos de distancias mínimas, buffers y análisis de proximidad son fundamentales para delimitar áreas de influencia y establecer umbrales de riesgo. En este artículo se emplean estas técnicas para filtrar las estaciones ubicadas en zonas con alta presencia de cultivos de coca y cercanas a ríos navegables, entendiendo estos últimos como corredores logísticos utilizados por grupos ilegales.
La priorización de recursos en políticas públicas requiere herramientas que sinteticen múltiples dimensiones en una métrica comparable. El IRICON se inscribe en la tradición de los índices de riesgo compuestos (Cutter et al., 2003), ampliamente utilizados en ámbitos como la gestión del riesgo de desastres, la inteligencia financiera (Reuter & Truman, 2004) y la fiscalización de mercados. La metodología de normalización de variables (min–max), la ponderación de dimensiones y la definición de niveles de riesgo basados en cuartiles garantizan la transparencia y replicabilidad del índice. En particular, la combinación de un índice de exposición geográfica (80%) y un índice de anomalía de combustible (20%) responde a la hipótesis de que la vulnerabilidad de una estación al desvío depende tanto de su ubicación como de su comportamiento operativo anómalo.
El concepto de anomalía operativa se fundamenta en la teoría de detección de fraudes (Albrecht et al., 2012). En el sector de combustibles, la discrepancia entre combustible comprado y vendido constituye un indicador clave de posible desvío. De manera complementaria, el despacho de combustible por cada 1.000 habitantes actúa como indicador de intensidad de consumo que, al contrastarse con el contexto territorial, permite identificar municipios con patrones atípicos. Esta lógica de benchmarking territorial es común en los análisis de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (GAFI, 2019).
El marco legal colombiano ha establecido disposiciones específicas para el control de combustibles, como la Ley 863 de 2003, que creó el impuesto nacional a la gasolina y el Sistema de Información de Combustibles (SICOM). Este marco normativo, articulado con las capacidades analíticas de la UIAF, ofrece las condiciones institucionales para sistematizar el conocimiento y hacerlo escalable y replicable en el tiempo.
Identificación geoespacial de estaciones en zonas de riesgo
Utilizando tres fuentes de información —estaciones de servicio georreferenciadas por municipio (Superintendencia de Industria y Comercio, 2024), cuantificación de hectáreas de cultivos de coca al 31 de diciembre de cada año (UNODC-SIMCI, 2022) y datos de principales ríos del país— se calcularon las distancias mínimas entre cada estación de servicio y los centroides de polígonos de coca, y entre cada estación y los ríos principales. Se calculó el promedio de ambas distancias y se aplicó un buffer para identificar cuáles estaciones se interceptan con cultivos de coca y ríos a las distancias mínimas promedios correspondientes (22.568 m y 35.251 m, respectivamente). Estas estaciones constituyen la población de interés para las etapas siguientes.
Consumo de combustible por habitante (CP) y selección de estaciones en riesgo
Empleando proyecciones de población municipal del DANE (2024) y los datos de despacho de combustibles líquidos a nivel nacional del Ministerio de Minas y Energía (2024), se calculó el indicador CP. Este indicador actúa como señal de intensidad de consumo territorial. Los niveles de riesgo del CP también se definen mediante cuartiles de la distribución nacional.
Se seleccionaron las estaciones de servicio con IRICON clasificado como Alto o Muy Alto, ubicadas en municipios con CP también clasificado como Alto o Muy Alto. Estos establecimientos reúnen simultáneamente: (1) ubicación en zona con alta presencia de cultivos de coca y proximidad a rutas fluviales; (2) volúmenes de venta excepcionalmente altos para su entorno; (3) posible exceso de compra sobre venta (desvío operativo); y (4) consumo municipal anómalamente elevado por habitante. Sobre estas estaciones se recomienda activar un protocolo de revisión que incluye inspección inmediata, auditoría de trazabilidad, verificación geográfica en campo, revisión de antecedentes de representantes legales y, de existir indicios claros, suspensión temporal de operaciones.
Resultados Etapa 1:
Distribución nacional de estaciones de servicio
La base de datos georreferenciada contiene un total de 4.567 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional. Como se observa en el Cuadro 1, Antioquia encabeza la lista con 516 estaciones, seguido por Valle del Cauca (412) y Bogotá D.C. (404). Esta concentración es coherente con la densidad poblacional y la actividad industrial y comercial de estas regiones.
| Departamento | Estaciones de Servicio |
|---|---|
| Antioquia | 516 |
| Valle Del Cauca | 412 |
| Bogotá D.C. | 404 |
| Cundinamarca | 392 |
| Nariño | 289 |
| Boyacá | 217 |
| Santander | 212 |
| Atlántico | 178 |
| Cesar | 166 |
| Tolima | 159 |
| Meta | 146 |
| Córdoba | 144 |
| Huila | 142 |
| Cauca | 138 |
| Bolívar | 137 |
| La Guajira | 134 |
| Magdalena | 109 |
| Caldas | 105 |
| Risaralda | 87 |
| Sucre | 85 |
| Norte De Santander | 78 |
| Casanare | 70 |
| Quindío | 63 |
| Putumayo | 51 |
| Caquetá | 45 |
| Chocó | 30 |
| Arauca | 21 |
| Guaviare | 21 |
| Archipiélago De San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 5 |
| Vichada | 4 |
| Guainía | 3 |
| Amazonas | 2 |
| Vaupés | 2 |
En el extremo opuesto, departamentos como Amazonas (2), Vaupés (2) y Guainía (3) presentan cifras mínimas, reflejo de los desafíos logísticos y la baja densidad poblacional de la periferia geográfica. Tras aplicar los buffers de distancia mínima promedio a cultivos de coca (22.568 m) y a ríos principales (35.251 m), se identificaron 736 estaciones que cumplen con ambas condiciones de proximidad, distribuidas en 18 departamentos (Cuadro 2).
| Departamento | Estaciones de Servicio |
|---|---|
| Nariño | 201 |
| Cauca | 122 |
| Antioquia | 91 |
| Valle Del Cauca | 75 |
| Putumayo | 45 |
| Caquetá | 35 |
| Norte De Santander | 34 |
| Chocó | 27 |
| Cesar | 25 |
| Guaviare | 21 |
| Meta | 21 |
| Córdoba | 13 |
| Bolívar | 11 |
| Santander | 5 |
| Magdalena | 4 |
| Sucre | 4 |
| Risaralda | 1 |
| Vichada | 1 |
Nariño (201), Cauca (122), Antioquia (91) y Valle del Cauca (75) concentran la mayoría de las estaciones que cumplen la doble condición de proximidad, lo que refleja la intensa dinámica de la región suroccidental y andina, donde confluyen cultivos de coca, importantes vías fluviales y una red de estaciones de servicio relativamente densa.
Distribución y análisis del IRICON
Cruzando las 736 estaciones georreferenciadas con los datos operativos del Ministerio de Minas y Energía, se obtuvo información para 677 establecimientos distribuidos en 179 municipios. Los valores del IRICON oscilan entre un mínimo de 0,0323 y un máximo de 0,7155, con una mediana de 0,2107 y una media de 0,2427, evidenciando una distribución con sesgo positivo donde la mayoría de estaciones se concentra en valores moderados, mientras unas pocas presentan riesgos excepcionalmente altos.
| Intervalo | Nivel de Riesgo |
|---|---|
| 0,0323 ≤ IRICON < 0,1668 | Muy Bajo |
| 0,1668 ≤ IRICON < 0,2107 | Bajo |
| 0,2107 ≤ IRICON < 0,2427 | Moderado |
| 0,2427 ≤ IRICON < 0,2781 | Alto |
| 0,2781 ≤ IRICON ≤ 0,7155 | Muy Alto |
El análisis por departamentos revela patrones geográficos claramente asociados con las dinámicas del narcotráfico. El municipio de San Andrés de Tumaco, en Nariño, presenta las estaciones con los riesgos más elevados de toda la muestra, con valores que alcanzan el máximo de 0,7155. En Putumayo, los municipios de Valle del Guamuez, Orito, Puerto Caicedo, San Miguel y Puerto Asís registran múltiples estaciones con IRICON superiores a 0,5. En el Cuadro 4 se presentan los niveles de riesgo por departamento.
| Departamento | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto |
|---|---|---|---|---|---|
| Antioquia | 31 | 24 | 18 | 4 | 11 |
| Bolívar | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Caquetá | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Cauca | 11 | 25 | 27 | 19 | 31 |
| Cesar | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chocó | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Córdoba | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guaviare | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Meta | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nariño | 2 | 36 | 35 | 17 | 91 |
| Norte De Santander | 4 | 11 | 12 | 1 | 3 |
| Putumayo | 3 | 4 | 2 | 5 | 29 |
| Risaralda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santander | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sucre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle Del Cauca | 25 | 26 | 9 | 9 | 1 |
| Vichada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nariño concentra 91 estaciones clasificadas como Muy Alto y 17 como Alto (108 en total en las dos categorías de mayor riesgo). Cauca suma 50 estaciones en riesgo alto (31 Muy Alto + 19 Alto) y Putumayo presenta el patrón más focalizado con 29 estaciones Muy Alto pero muy pocas en categorías intermedias, lo que sugiere un fenómeno concentrado en un grupo específico de establecimientos. Esta información es de gran valor para orientar los recursos de control y fiscalización de manera prioritaria.
Consumo de combustible por habitante (CP)
La distribución del combustible despachado por cada 1.000 habitantes (CP) en los municipios de Colombia revela una gran dispersión. La mediana nacional es de 28.208 galones por cada 1.000 habitantes, mientras que la media asciende a 34.511, lo que confirma el sesgo positivo de la distribución. El valor máximo de 235.026 galones por cada 1.000 habitantes corresponde al municipio de Cota (Cundinamarca), y es más de ocho veces la mediana nacional.
| Intervalo (galones/1.000 hab.) | Nivel de Riesgo |
|---|---|
| 99,63 ≤ CP < 17.043,34 | Muy Bajo |
| 17.043,34 ≤ CP < 28.208,06 | Bajo |
| 28.208,06 ≤ CP < 34.511,11 | Moderado |
| 34.511,11 ≤ CP < 43.774,83 | Alto |
| 43.774,83 ≤ CP ≤ 235.026,04 | Muy Alto |
En el nivel Muy Alto se encuentran municipios con consumos que superan 100.000 galones por cada 1.000 habitantes en muchos casos. Junto a polos de desarrollo económico legítimo como zonas industriales o de alto flujo vehicular, aparecen municipios de Nariño como Policarpa, Leiva y Cumbitara, previamente identificados con alto IRICON, lo que refuerza la hipótesis de correlación entre consumo elevado y riesgo de desvío.
Estaciones de servicio en riesgo
La combinación de los criterios IRICON Alto/Muy Alto y CP Alto/Muy Alto permitió identificar un total de 147 estaciones de servicio de alto riesgo, distribuidas en 33 municipios de 7 departamentos: Antioquia (9), Bolívar (6), Cauca (38), Nariño (51), Norte de Santander (1), Putumayo (32) y Valle del Cauca (10). El Cuadro 6 presenta la distribución por municipio.
| Municipio | Estaciones en Riesgo |
|---|---|
| Policarpa | 11 |
| Santander De Quilichao | 11 |
| Argelia | 10 |
| Patía | 10 |
| Jamundí | 9 |
| Puerto Asís | 8 |
| Valle Del Guamuez | 8 |
| Olaya Herrera | 7 |
| Samaniego | 6 |
| Santa Rosa Del Sur | 6 |
| Villagarzón | 6 |
| Cumbitara | 5 |
| Leiva | 4 |
| Los Andes | 4 |
| Orito | 4 |
| Taminango | 4 |
| El Peñol | 3 |
| El Tambo | 3 |
| Puerto Caicedo | 3 |
| San Miguel | 3 |
| Valdivia | 3 |
| El Bagre | 2 |
| Morales | 2 |
| Pasto | 2 |
| Piendamó - Tunía | 2 |
| Santa Bárbara | 2 |
| Suárez | 2 |
| Zaragoza | 2 |
| Cáceres | 1 |
| Cali | 1 |
| Popayán | 1 |
| Segovia | 1 |
| Tibú | 1 |
Policarpa y Santander de Quilichao encabezan la lista con 11 estaciones cada uno, seguidos por Argelia (10) y Patía (10). Estas estaciones reúnen simultáneamente: (a) ubicación en zona con alta presencia de cultivos de coca y proximidad a rutas fluviales; (b) volúmenes de venta excepcionalmente altos para su entorno geográfico; (c) potencial exceso de compra sobre venta, que indica posible desvío hacia canales no registrados; y (d) consumo municipal anómalamente elevado por habitante.
Conclusiones
El IRICON demostró ser una herramienta metodológicamente robusta para la priorización de controles en estaciones de servicio vinculadas al narcotráfico. Su diseño modular —que combina exposición geográfica (80%) y anomalía operativa (20%)— refleja la naturaleza del fenómeno: la vulnerabilidad de una estación al desvío de combustible depende tanto de su localización estratégica frente a cultivos y rutas fluviales, como de su comportamiento comercial irregular.
Los 147 establecimientos identificados representan objetivos concretos para inspecciones focalizadas. La concentración del riesgo en Nariño (51 estaciones), Cauca (38) y Putumayo (32) es coherente con la distribución histórica del narcotráfico en Colombia y con las evidencias reportadas por la Fiscalía General de la Nación y el DIAN en investigaciones anteriores, lo que valida la capacidad predictiva del índice.
La articulación entre datos geográficos (UNODC-SIMCI), fiscales (SICOM-Ministerio de Minas) y operativos (UIAF) constituye un modelo analítico replicable que puede extenderse al seguimiento de otros insumos controlados utilizados en la producción de drogas. Asimismo, el IRICON puede actualizarse anualmente a medida que se disponga de nuevos datos de cultivos ilícitos y despacho de combustibles, garantizando su vigencia como herramienta de inteligencia financiera operacional.
Se recomienda, para las 147 estaciones identificadas, activar un protocolo de revisión que contemple: (i) inspección técnica y contable para verificar registros de compra, venta, inventarios y facturación; (ii) auditoría de trazabilidad de proveedores con cruce en el sistema SICOM; (iii) verificación geográfica en campo sobre cercanía a rutas del narcotráfico o laboratorios; (iv) revisión de antecedentes de representantes legales y socios; y (v) suspensión temporal de actividades cuando los indicios sean suficientemente claros.
Finalmente, el IRICON ilustra el potencial de la inteligencia financiera como herramienta para la desarticulación de economías criminales que operan en los márgenes de la economía formal. La UIAF, en su rol de analizar y difundir información estratégica, reafirma con este instrumento su compromiso de apoyar técnicamente a las autoridades colombianas en la lucha contra el lavado de activos derivado del narcotráfico.
REFERENCIAS
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Gutiérrez Sanín, F. (2019). ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? Debate.
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