1. La inteligencia financiera en defensa del derecho a la salud

Bogotá, 13 de agosto de 2026.

Por: Analista Código 418. Subdirección de Analítica (SAN)

La gestión y protección de los recursos públicos destinados a la salud en Colombia han tenido un giro decisivo en la lucha contra la corrupción sectorial. Las medidas administrativas extremas —como las intervenciones forzosas para administrar y la toma de posesión inmediata de bienes y haberes— aplicadas a entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud evidencian un riesgo sistémico en la operación de varios actores del sector. Estas acciones buscan frenar la opacidad operativa que compromete la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

En junio de 2026,  la UIAF expuso una presunta red de corrupción integrada por 168 actores privados, presuntamente enfocada en desviar recursos públicos de la salud. El esquema estaría compuesto por una (1) EPS, diecisiete (17) IPS, tres (3) entidades financieras, dos (2) cooperativas, 43 personas jurídicas, 25 personas naturales y 83 contadores y revisores fiscales. Los delitos denunciados bajo la presunción de ocurrencia incluyen peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado, falsedad procesal y presunto concierto para delinquir enfocado en desfalcar el sistema de salud.

Cuando la irregularidad financiera trasciende el ámbito administrativo

Lo anterior, demuestra que el control estatal ha escalado de la vía administrativa al ámbito penal mediante denuncias radicadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ante la Fiscalía General de la Nación. Estas acciones legales se dirigen contra directivos de entidades aseguradoras, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) vinculadas y establecimientos de crédito. Mediante análisis de inteligencia financiera y el cruce de datos exógenos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),  se han identificado estructuras y relaciones financieras que pueden constituir señales de alerta frente al posible uso indebido de recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud.

Este panorama activa de forma severa el régimen normativo de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), específicamente el artículo 23 que adicionó el artículo 399A al Código Penal Colombiano. Esta tipificación sanciona con penas agravadas el delito de peculado por aplicación oficial diferente, prohibiendo categóricamente que las rentas parafiscales concebidas para la salud integral sean destinadas a fines ajenos a la atención directa de los usuarios.

Tipologías financieras y fallas en la debida diligencia

Desde la perspectiva del análisis de inteligencia financiera, la UIAF han identificado un patrón recurrente de fraude e integración vertical de facto en el sector salud, caracterizado por:

• Conflictos de interés y beneficiarios finales: Estructuras donde los beneficiarios finales de las entidades administradoras ejercen control simultáneo sobre las IPS que les facturan servicios, facilitando el desvío de recursos.
• Apalancamiento y traslado de deuda privada: Utilización de las EPS e IPS como garantes o codeudoras en créditos a gran escala otorgados a vehículos de inversión. El cobro de estas obligaciones privadas termina impactando las arcas públicas mediante la ejecución de cláusulas aceleratorias bancarias.
• Apropiación de rendimientos públicos: Asimilación indebida de rendimientos financieros generados por recursos públicos como si fueran ingresos netamente privados.
• Debilitamiento del control interno: Redes de coadyuvancia en las que contadores y revisores fiscales rotan roles dentro del mismo conglomerado, neutralizando la independencia del control fiscal.
• Enriquecimiento no justificado: Crecimiento inusual del patrimonio de sociedades complementarias, acumulación de activos en el exterior no reportados en operaciones cambiarias y concentración anómala en efectivo y edificaciones.

Perspectiva regional: El sector salud en la agenda del GAFILAT

El fenómeno de la captura y desviación de fondos sanitarios mediante lavado de activos no es exclusivo de Colombia; representa un desafío crítico dentro de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Organismos internacionales y Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la región —como la UIF de Argentina o la UIF del Perú— han señalado que las contrataciones públicas y las transferencias de emergencia en salud presentan vulnerabilidades estructurales frente a delitos determinantes como la corrupción y el fraude fiscal. De igual manera, el GAFILAT ha advertido sobre vulnerabilidades relacionadas con corrupción, fraude, opacidad societaria y utilización de estructuras jurídicas para dificultar la identificación del beneficiario final.

La tipificación e investigación de estas maniobras en Colombia se alinea con la Recomendación 1 (Evaluación de riesgos) y la Recomendación 24 (Transparencia y beneficiario final) del GAFI/GAFILAT, consolidándose como un referente técnico de auditoría preventiva y persecución de finanzas ilícitas en el sector social de la región.

En conclusión, el análisis masivo de datos ejecutado por las autoridades de inteligencia financiera resalta la urgente necesidad de consolidar el diseño del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en las entidades de salud. Los Oficiales de Cumplimiento y las instituciones financieras deben elevar los estándares de debida diligencia, monitorear de forma rigurosa las señales de alerta en la transformación de activos y garantizar que la rentabilidad privada no se construya sobre el detrimento de las rentas de la seguridad social.

Encuentra la Revista UIAF completa en: https://www.uiaf.gov.co/revista-edicion-1

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Referencias

• Unidad de Información y Análisis Financiero. (2026, 23 de junio). Sobre las denuncias penales instauradas por el Director General de la UIAF ante la Fiscalía General de la Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. https://uiaf.gov.co/Noticias/UIAF-Sobre-Denuncias-Ante-La-Fiscal%C3%ADa
• Congreso de la República de Colombia. (2011, 12 de julio). Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Diario Oficial No. 48.128. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
• Congreso de la República de Colombia. (2000, 24 de julio). Ley 599 de 2000: Por la cual se expide el Código Penal [Artículo 399A, adicionado por la Ley 1474 de 2011]. Diario Oficial No. 44.097.
• Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. (2020). Amenazas y vulnerabilidades de LA/FT asociadas al COVID-19 y el sector salud en la región. GAFILAT. https://www.gafilat.org
• Grupo de Acción Financiera Internacional. (2012–2023). Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación: Las Recomendaciones del GAFI. GAFI/GAFILAT. https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-firma/estandares-internacionales
• Superintendencia Nacional de Salud. (2024). Informe institucional sobre intervenciones administrativas y medidas especiales en entidades del sistema de salud. Ministerio de Salud y Protección Social.
• Unidad de Información y Análisis Financiero. (2024). Reporte de tipologías y señales de alerta en la gestión de recursos públicos y el sector salud. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. https://www.uiaf.gov.co